Impulsar el soterramiento del cableado en lugares de interés patrimonial es, a juicio del diputado Bernardo Berger, una buena medida que ayudaría a reponer el valor de esos espacios, en muchos casos altamente intervenidos y/o deteriorados.
Así se refirió el legislador por Los Ríos a los proyectos refundidos que modifican la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, para establecer la obligación de soterrar cableado que afecte lugares declarados monumentos históricos; y a la ley general de servicios eléctricos y la n° 18.168, general de telecomunicaciones, para exigir a las empresas contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial, que se discuten hoy en la Cámara Baja.
“Este tipo de espacios y construcciones se vinculan a la historia nacional y representan efectivamente un símbolo insoslayable de un pasado, de una identidad, de una cultura y de un futuro común y representativo de la nación, con valor histórico, patrimonial y arquitectónico; sin embargo, la contaminación aérea que en algunos casos las rodea, contribuye poco a lograr una verdadera valorización social”, expresó Berger.
Añadió que en tal sentido “el proyecto es propicio para ordenar el aspecto estético de nuestros monumentos nacionales, obligando a las distintas empresas de servicios a soterrar el cableado que utilizan y que ensombrece a nuestro patrimonio”.
Agregó que si bien existen algunas municipalidades que iniciado programas de protección en esta línea, éstas son pocas y están basadas en acuerdos de buena voluntad con las empresas prestadoras de servicios vía cableado.
“Por ello es que creo pertinente implementar desde ya las políticas públicas de protección patrimonial asociada al soterramiento de servicios, sin dejar también de considerar que el soterramiento resulta indispensable para garantizar la seguridad frente a contingencias climáticas, el paso de vehículos pesados, la posibilidad de incendios y ornamentación”, subrayó.
En cuanto a los costos que el soterrado implique, Berger precisó que el proyecto contempla que éstos sean asumidos directamente por las empresas de distribución del servicio eléctrico y los titulares de servicios de telecomunicaciones, sin que puedan ser traspasados a los clientes.
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