Las Cascadas: 500 familias con casa, pero en tierra de nadie
Por Redacción / 13 de julio de 2022 | 12:36
Por Rafael Martínez Carvallo
Paola, de diez años, corre y juega junto a sus amigos en medio de la naturaleza sureña, rodeados de diversos árboles nativos y con la imponente figura del volcán Osorno como marco de fondo. A metros de ellos, su madre, Leticia, prepara el almuerzo en un mesón improvisado, en medio de la tierra y los materiales de construcción.
El verano del 83’ ha sido la fecha que decidió su familia para instalarse en Las Cascadas.
En la segunda mitad de los 60’, el pueblo comenzaría a tomar forma. El intendente de la provincia de Osorno de la época, Erico Lausen Siebert, presentó una solicitud ante el Ministerio de Tierras y Colonización, actual Bienes Nacionales, buscando generar un lugar de esparcimiento y de residencia junto con aumentar la población y la productividad.
Ante esto, el ministerio procedió a realizar el primer plano de la zona. Así, se empezó a lotear dos sectores del pueblo ubicado en la región de Los Lagos: un villorrio con fines recreativos y otro para la población permanente.
En agosto de 1967, tras la reunión de los regidores, hoy concejales, se estableció que el terreno para los futuros residentes tenía una capacidad para más de 100 familias con sitios de 500 metros cuadrados como promedio.
Dos años después, se entregaron 35 sitios a manos del Ministerio de Tierras y Colonización, y el mismo número de casas a través de la Corporación de la Vivienda.
“Tras el diseño, en la población Quintas, donde está el pueblo actual, la entidad estatal procedió a entregar actas de radicación de los sitios y títulos de dominio de los terrenos”, explica Ricardo Hernández, ex Presidente de la Junta de Vecinos de Las Cascadas en conversación con Grupo DiarioSur.
Se entregaron los títulos de propiedad a todas estas familias.
En tanto, en la zona destinada a veraneo, denominada población Balneario, se entregaron 83 sitios de 400 metros cuadrados aproximadamente, los cuales empezaron a ser utilizados paulatinamente. En este caso, para la entrega de títulos de propiedad se estableció que la vivienda debía estar construida en un plazo menor a cinco años.
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Entre las familias beneficiadas, estuvo la de Paola. “Firmamos un convenio con Bienes Nacionales en 1980. En cinco años el terreno sería nuestro. Mi madre estaba muy feliz”, recuerda.
Con el transcurso del tiempo, el Estado decidió asignar más terrenos en la zona llamada Quintas. Más de 120 familias nuevas se instalaron. Lo común de todas: sin viviendas ni títulos de dominio, pero, con un terreno asignado.
El tema llegó, comandado por el Departamento Social Comunal, al Ministerio de Bienes Nacionales -entidad que en 1980 reemplazó al Ministerio de Tierras y Colonización- para regularizar la situación y entregar los certificados de propiedad a los nuevos ocupantes.
De esta manera, podrían postular a programas de vivienda del Estado.
“Nos dijeron, vayan y colonicen, pero nunca entregaron el documento que nos oficializaba como dueños del terreno y casa”, asegura Paola.
Sin embargo, el problema recién comenzaba.
“El Ministerio le informó a la Municipalidad de Puerto Octay que tras un estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se decretaba a Las Cascadas como zona de riesgo volcánico, por lo que no podía entregar títulos de propiedad, ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podía autorizar construcciones”, detalla Paola.
Las Cascadas pasaba a ser considerado un pueblo de alto riesgo al estar localizado sobre un lahar generado por una erupción del volcán Osorno.
“En Chile hay más de 2.900 volcanes. De ellos, 92 son activos, lo que deja a 58 comunas expuestas a riesgo volcánico. Además, tenemos 83.000 kilómetros de costa, considerando a Chile insular, expuestos al riesgo de tsunamis y somos uno de los países más sísmicos del mundo”, comenta Isidora Ramírez, abogada en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional.
“En ese sentido, todo Chile puede ser considerado como una zona de riesgo”, puntualiza.
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La letrada sostiene que todo este tiempo ha existido discriminación arbitraria por parte de Bienes Nacional, al entregar títulos a la gran mayoría de las familias del Balneario, pero no así a la población permanente del pueblo, pese a estar emplazados en la misma zona de riesgo a los faldeos del volcán Osorno.
“La omisión en la regularización de la tenencia de los sitios afecta gravemente contra el derecho humano de acceso a la tierra, más aún cuando fue la propia cartera de Bienes Nacionales quien promovió su poblamiento”, enfatiza Ramírez.
Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos, Pablo Flores, entrega un argumento diferente.
“Lo que ocurrió es que Contraloría no tomó razón de algunos decretos de títulos de dominio gratuitos en atención de que se debía hacer cambio del uso de suelo cada vez que los planos no estaban ajustados a la normativa”, sostiene.
En medio de esta incertidumbre, los habitantes continuaron viviendo en sus terrenos, pero sin tener ninguna certeza.
“Empecé a buscar una solución. Toqué todas las puertas posibles, pero nunca tuve respuesta sobre el título de dominio y pasó el tiempo. Una negligencia por parte de Bienes Nacionales que no se ha cerrado”, considera Paola.
Esta situación se mantuvo latente y en la misma condición por más de 40 años.
“Estamos conectados con esta tierra que nos vio nacer, donde están enterrados nuestros ancestros. No se trata de una ocupación ilegal. El mismo Ministerio nos asignó estas tierras para poblar esta zona y luego nos relegó al olvido”, dice el exdirigente vecinal, Ricardo Hernández.
Desde 1985, el escenario del pueblo sureño cambió: el número de pobladores siguió en alza, pero la decisión tomada por las autoridades provocó que el desarrollo, en todo ámbito, fuese caótico, como describen sus vecinos.
“El pueblo crece de manera desordenada, debido a que no hay ningún instrumento de organización territorial. Además, el Estado justifica que es zona de riesgo y por esto no puede haber inversión pública”, asegura la abogada Ramírez.
“Sin embargo, hay un retén de Carabineros, bomberos, un Cesfam, un gimnasio y una escuela pública. Hay un montón de inversión. Eso genera una paradoja que es insostenible”, cuestiona.
La profesional agrega que “la entrega de documentos mitiga el riesgo, porque al regularizar puedes viabilizar la inversión pública. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas podría arreglar las calles hoy sin asfaltar y muy dañadas por las lluvias recurrentes para acortar los tiempos y facilitar una eventual evacuación”.
Respecto a la realidad que envuelve a Cascadas en cuanto a permisos y construcción, el actual alcalde de Puerto Octay, Gerardo Gunckel, muestra un firme posicionamiento en conversación con Grupo DiarioSur.
“Pucón es calcado a Cascadas y todos tienen sus dominios. Existe una contradicción entre un conjunto de organismos. Si fuera tanto el riesgo, ¿por qué el Estado sigue haciendo inversiones? Para eso no se toma el argumento de zona de peligro”, enfatiza.
Además, el problema de no contar con títulos de dominio ha tenido consecuencias en ámbitos laborales, pérdida de oportunidades y económicas para los habitantes.
“Sin ellos no podemos obtener la resolución sanitaria para vender comida en nuestro local. Este es un conflicto de todos los emprendedores de acá”, comenta Melba Vera, emprendedora local.
Ante este panorama, desde la alcaldía, la actual y antigua administración señalan que están de manos atadas.
“No podemos formalizar ningún emprendimiento en un lugar que tiene mucho potencial”, informa Gunckel.
Por su parte, María Elena Ojeda, ex alcaldesa de Puerto Octay, cuenta que “la gente invierte su capital y después no puede hacer nada por las restricciones”.
“No podíamos postular a nada para ellos. Le dábamos ayuda económica, pero no era una resolución definitiva”, puntualiza.
Al no contar con un título de propiedad, una persona no puede postular a fondos de emprendimientos como Sercotec, ni optar a una resolución sanitaria. Además de no poder recurrir a préstamos hipotecarios.
Paola analiza cómo tres generaciones de su familia crecieron en Las Cascadas desde que llegó con su madre Leticia. Hoy, está a punto de cumplir cincuenta años, y sigue luchando por ser dueña de la tierra que la vio crecer.
Cada día se pregunta: “¿Por qué hay tanta construcción si no se puede construir por el decreto? No se entiende que cientos de familias sigamos sin títulos mientras Cascadas se sigue llenando de casas”.
Aunque el terreno no fuera de su propiedad familiar, el arraigo mantenía tranquila a Paola, pero en junio de 2018, se desmoronó. Una citación que debía presentarse en las oficinas de Bienes Nacionales, en Osorno, para regularizar su situación o arrendar el sitio, llegaba a sus manos.
Se reunió con Juan Pablo Sandoval, el delegado provincial y le contó la historia. Solicitó enviar la documentación que demuestra la legalidad de lo que reclama por correo con copia al seremi de Bienes Nacionales de Puerto Montt.
No recibió respuesta.
En diciembre, llegó una nueva solicitud. “Esta vez eran para obligarnos a firmar un documento de arriendo. Sandoval me dijo que si no firmaba iba a colocar un letrero, de que ese terreno era de él”, cuenta la protagonista en conversación con Grupo DiarioSur.
El año no terminaría bien. El 18 de diciembre fue notificada sobre una denuncia en su contra: querella por restitución de inmueble fiscal.
“Me acusaron por usurpación del terreno. Lo que me parece extraño en esto es que, Jorge Sandoval, el papá del señor Juan Pablo, era el jefe provincial en los 80’ y fue quien hizo los papeles”, concluye Paola.
Empezaba una nueva lucha.
Mientras Paola vivía este proceso, diversos vecinos viajaron junto al actual alcalde a Santiago, para reunirse con el ministro de Bienes Nacionales de la época, Felipe Ward y su equipo.
“Ni conocían Cascadas, menos su problemática, pero dialogamos y comenzaron a poner interés”, comenta Hernández, exdirigente vecinal.
A los pocos meses, Ward viajó al pueblo, se reunió con la gente y autoridades, pero no se llegó a nada concreto, según lo narrado por los locales. Su visita fue durante el mandato de María Elena Ojeda.
“Esto cae en un carnaval político. Nosotros hicimos todo lo necesario, pero quedó ahí porque el Ministro no firmó el acuerdo. Nadie quiere mancharse por si ocurre una catástrofe en su período”, explica Ojeda a Grupo DiarioSur.
Pasaron los meses y la demanda comenzó su proceso. A fines de 2019 era citada nuevamente, esta vez junto a otros vecinos en su misma condición. Pero con el estallido social y pandemia el caso se fue dilatando hasta la actualidad.
“Hubo un tiempo de paz, la demanda quedó suspendida”, dice Paola.
Transcurrieron dos años y medio.
“Hemos hablado mucho, pero siempre nos dan pastillas, nunca soluciones concretas. Somos la República Independiente de Las Cascadas. Estamos botados”, enfatiza Carlos Gallegos, actual presidente de la Junta de Vecinos.
Hoy, el pueblo tiene más de 2.000 habitantes.
Todos buscan una salida, consideran que viven un presente entre las decisiones del pasado y la incertidumbre del futuro. Es por eso, que se han reunido con las autoridades, pero esta vez estableciendo una postura y línea de actuar final.
“Presentaremos un recurso de protección de derechos y garantías constitucionales ante la Corte de Apelaciones”, explica la abogada Ramírez.
Aún no activan esta acción constitucional que viene firmada por diez asociaciones comunitarias y apoyada por la fundación internacional “Peace for Development”.
Están dispuestos a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. “Hemos reunido todo el historial y los antecedentes para demandar al Estado por la discriminación que hemos sufrido por años”, comenta Ricardo Hernández.
Desde la alcaldía no creen que esa sea la vía, pero enfatizan que existe bastante responsabilidad de las autoridades. “Nosotros debemos ser mediadores y hablar con los ministerios. Si entramos a juicio, el camino se complica. La solución es voluntad política, que nunca hemos tenido de ningún gobierno”, señala Gunckel.
Por su parte, el seremi Pablo Flores asegura que en esta nueva administración están “dispuestos a trabajar”.
“Nosotros sabemos que hay un tema normativo complejo que nos imposibilita, pero estamos llanos y dispuestos a poner todo lo que esté de parte del ministerio para poder solucionar este tema histórico a los habitantes de Cascadas”, promete.
Mientras tanto, Paola acaba de retomar el juicio de querella de restitución de inmueble fiscal en el cual es demandada por el Consejo del Estado. Hace unos días asistió a la presentación de ambas posturas.
“Cuando empezó el juicio, el seremi anterior dijo que no podían hacerme nada porque todo Cascadas estaba en estudio. Ahora me comuniqué con Pablo Flores, quien se comprometió a dar una respuesta a mi caso”, comenta Paola.
De todas formas, vive con miedo. No comprende que durante 40 años lleva pagando una cuota anual a la Junta de Vecinos por un terreno que no lleva su nombre, pero que es su vida, sus recuerdos de infancia y el lugar donde todos la conocen.
“Todos los febreros íbamos a los bingos, aportamos a la comunidad y queremos seguir siendo parte de cada actividad de este pueblo”, explica entre lágrimas.
Dice que su madre está a punto de cumplir 80 años y la ve triste. Se ha decidido vender pasteles y galletas para ver si paga nuevamente el terreno donde vive.
“Es una injusticia, lo sé. Pero esta casa es el esfuerzo de mi madre y no veo otra solución. Ya ofrecí esta salida a las autoridades”, enfatiza.
Los vecinos tienen miedo de vivir lo mismo que ella. Pero, la juventud tiene esperanza.
“Tenemos fe en un futuro mejor. Esperamos cumplir el sueño de nuestros padres y obtener nuestros títulos de dominio”.
Paola sigue esperando.
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