Opinión del lector: "Royalty Minero y equidad territorial"

Columna de Juan Guerra Hollstein, seremi de Gobierno

La transferencia de recursos a las municipalidades por concepto de royalty minero representa un hito para la descentralización y el desarrollo municipal en Chile. Contar con una ley de royalty minero ha sido un anhelo de nuestro país desde hace años, y su concreción es fruto de un proceso largo y complejo, y constituye uno los logros más relevantes del Gobierno del Presidente Boric. 

Por una parte, esta nueva ley entrega certeza jurídica sobre las condiciones para la inversión minera, estableciendo con claridad compensaciones por la explotación de la minería del cobre y del litio; por otro lado, ha sido la visión de nuestro gobierno que dichas compensaciones se materialicen en beneficio de las comunidades locales, con una lógica de descentralización y bajo un criterio de equidad territorial. Así, desde su promulgación en agosto, el royalty minero se ha convertido en una herramienta crucial para fortalecer las finanzas municipales y apoyar proyectos de desarrollo a nivel regional y comunal.

Con una cifra sin precedentes de 93 mil millones de pesos, esta inyección de fondos marca un avance tangible hacia una mayor justicia y equidad territorial en el país. Para el caso de nuestra Región de Los Ríos resultan beneficiadas las 12 comunas, que recibirán en conjunto un total de $2.224.835.

Es importante destacar que estos recursos no solo representan una compensación por las externalidades de la actividad minera, sino que también son una oportunidad para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y promuevan el desarrollo sostenible en todas las regiones del país. La creación de fondos específicos, como el Fondo Común Minero y el Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, demuestra un enfoque proactivo para abordar las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables y compensar las brechas presupuestarias existentes entre los municipios.

Es alentador ver cómo estos recursos serán de libre disposición para las municipalidades, permitiendo que las autoridades locales tomen decisiones autónomas en base a las necesidades más urgentes de sus comunidades. Al mismo tiempo, es fundamental que exista transparencia en el uso de estos fondos, con mecanismos claros de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer el destino y el impacto de cada inversión.

En última instancia, el compromiso de este Gobierno y la industria minera para contribuir al desarrollo de los territorios demuestra que la colaboración entre el sector público y privado puede generar un impacto positivo y duradero en las comunidades locales. Este hito marca el comienzo de una nueva etapa en la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, impulsando el crecimiento inclusivo y sostenible en todo el país.