Las y los trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos han acordado de manera unánime entrar en estado de reflexión, tras casi dos meses sin recibir remuneraciones ni honorarios. Esta medida, adoptada de manera conjunta, responde a una situación que califican como insostenible, con un profundo impacto económico, emocional y familiar.
“No estamos en paro. Seguimos cumpliendo nuestras funciones internas con compromiso, pero hemos suspendido toda atención a público y participación en actividades externas. Esta es una medida de visibilización legítima y pacífica, orientada a proteger la dignidad del trabajo”, declararon los voceros Robinson Fernández y Felipe Hernández, profesionales de la Corporación.
Añadieron también que durante este período de reflexión las oficinas de Valdivia (central y Espacio Fluvial) y La Unión permanecerán cerradas al público; continuarán trabajando en sus dependencias, pero sin compromisos con terceros, y que la medida será revisada el miércoles 30 de abril a las 13 horas, en función de la resolución del problema financiero.
El origen de esta crisis radica en la demora de la Contraloría en tomar razón del convenio anual firmado entre la Corporación y el Gobierno Regional, lo que impide la transferencia de fondos.
A esto se suma un complejo escenario de restricciones administrativas impuestas desde el nivel central, especialmente tras la emisión de la Circular 20 del Ministerio de Hacienda, que ha intensificado la burocracia y dificultado el funcionamiento regular de entidades regionales como la CRDP.
“Estamos pagando justos por pecadores. Mientras algunas corporaciones han tenido problemas de gestión, nosotros hemos sido un ejemplo a nivel nacional, sin observaciones financieras ni casos de corrupción. Sin embargo, enfrentamos una burocracia que pone en riesgo no solo nuestro sustento, sino también la continuidad de importantes proyectos para el desarrollo regional”, añadió Hernández.
Los trabajadores han enfatizado que esta situación no es sólo una demanda salarial, sino un emplazamiento ético y político al sistema centralista que, afirman, ha desatendido el compromiso con la descentralización efectiva.
La Corporación, que en 2025 cumple 15 años, ha sido reconocida por su rol articulador entre el mundo público, privado y académico, promoviendo el desarrollo productivo sostenible de la región.
Las y los funcionarios se encuentran elaborando un petitorio colectivo, en el que se exigirá no sólo el pago inmediato de las remuneraciones adeudadas, sino garantías concretas para que esta situación no se repita.
Entre las demandas más urgentes, se encuentra la implementación de un convenio trianual que otorgue mayor estabilidad financiera y operativa a la Corporación.
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